Movimiento por la Calidad del Transporte invita a afectados del Metro a sumarse a demanda


Integrantes del Movimiento por la Calidad del Transporte Público manifestaron su respaldo a la acción que admitió el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, por protección de derechos cívicos, que interpuso un grupo de ciudadanos en contra de la C.A. Metro de Valencia.

Gustavo Sosa Izaguirre, Guillermo Manosalva, Ramsés Reyes y María Gabriela Romero, representados por el abogado Lucio Herrera Gubaira, ejercieron esta medida en enero ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero en abril la doctora Luisa Estella Morales, declinó esta competencia a los tribunales de Valencia. 
El director general del Movimiento por la Calidad del Transporte Público, Ramsés Reyes, sostuvo en un escrito enviado a esta redacción que continuarán este proceso para garantizar la ejecución ininterrumpida del Metro y el acceso a la información pública.

También exhortó a todos los carabobeños que estén afectados por las obras inconclusas a unirse a la causa. El vocero del grupo destacó que debido a esta situación los usuarios deben utilizar el deficiente servicio de transporte público, que representa un gasto significativo de tiempo y dinero. Ramsés Reyes aseveró que este egreso equivale al 30% y 35% del salario mínimo mensual de las personas. Consideró que de contar con un Metro los usuarios ahorrarían dinero y espacio, como consecuencia del congestionado trafico de la ciudad, que ocasionan los desvíos. 

La demanda de protección de derechos cívicos en contra del Metro de Valencia la admitió el tribunal a cargo de la jueza provisoria Omaira Escalona. Este anuncio se realizó durante una reunión que se efectuó el martes en la Cámara de Comercio, donde asistieron representantes de varios sectores preocupados porque se culmine la obra. Con esta acción se solicitó garantizar la ejecución ininterrumpida del Metro para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El abogado Lucio Herrera explicó en la reunión que también exigieron garantizar el acceso a la información pública consagrada en el artículo 28 de la Constitución, para obtener datos asignados a la obra, así como los invertidos en su ejecución. Además de avalar la efectividad del ejercicio de la controlaría social a la obra, por parte de los ciudadanos.


Fuente: El Carabobeño 

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