Documento de Adhesión a la solicitud de Juramentación Pública del Presidente.

MARTES, 26 DE FEBRERO DE 2013


CIUDADANA
PRESIDENTE Y DEMÁS MAGISTRADOS DE LA SALA PLENA DEL

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CARACAS, SEDE DEL PODER JUDICIAL Y DEL MÁXIMO TRIBUNAL

SU DESPACHO.-

Exp: 2013-50

Ref. Solicitud de adhesión a la solicitud

contenida en el expediente 2013-50  

Nosotros, Kelvi Gerardo Zambrano Benítez, María José Raad, María Silvia Fernández Acosta, Alejandro Taichi Suarez, Douglas Rafael Parra Bolívar, Miguel Eduardo Seijas Moreno, Ramses Jesús Reyes, Domingo Rodríguez, Juan Nikolas Machuca y Walter Jove, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad N°s 19.230.209 , 18.764.047, 17.609.429, 20.123.750, 19.756.256,  19.523. 638, 21.240.017, 20.357.482, 21.216791 y 24.993874 respectivamente, actuando en nuestra condición de ciudadanos venezolanos, asistidos en este acto por el abogado José Efraín Valderrama, quien es venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad N° 15.398.654, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 117.948, acudimos por ante esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para adherirnos a la solicitud de cumplimiento de la formalidad de juramentación del ciudadano HUGO CHÁVEZ FRÍAS, en su condición de Presidente electo de la Republica, presentada el 21 de febrero de 2013 por los ciudadanos  Cecilia Sosa Gómez José Vicente Haro, venezolanos, identificados con cédulas de identidad Nºs. V-2935735 y V-13066473, dado nuestro propio deber de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según lo establece el artículo 333 del referido texto, así como por tener interés jurídico actual en que cese la incertidumbre que se desprende de la falta del cumplimiento del referido requerimiento constitucional.

Capítulo I

Sobre el petitorio de la solicitud a la que nos adherimos

            El 21 de febrero de 2013, los abogados Cecilia Sosa Gómez José Vicente Haro, ya identificados, presentaron ante esta Sala Plena formal solicitud de juramentación del Presidente electo de la República, ciudadano HUGO CHÁVEZ FRÍAS, indicando en el petitorio lo siguiente:

“En virtud de los razonamientos antes expuestos, acudimos ante esta Sala Plena, a los fines de que proceda urgentemente a DESIGNAR una “Junta Médica” que certifique sobre el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad del Presidente de la República Hugo Chávez Frías y si está en condiciones físicas y mentales permanentes de desempeñar el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como lo exige el artículo 233 de la Constitución. En caso que la Certificación Médica permita la juramentación, porque las condiciones físicas y mentales del Presidente le permitan el desempeño de sus funciones constitucionales, solicitamos que esa Sala Plena proceda A LA JURAMENTACIÓN PÚBLICA del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías lo antes posible, para asegurar la estabilidad institucional de la Nación y el cumplimiento efectivo de la Constitución.”

            Ahora bien, en nuestra condición de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio pleno de nuestros derechos civiles y políticos, nos adherimos formalmente a la solicitud transcrita, contenida en el expediente 2013-50, porque tenemos interés jurídico actual y el deber de asegurar la estabilidad política de la República, así como en que se garantice la certidumbre sobre el ejercicio del poder por parte de las personas electas de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Capítulo II

De los argumentos que sustentan la

atención urgente estimativa de la solicitud

            Constituye un hecho notorio que existe incertidumbre sobre la fecha cierta en la que el Presidente electo de la Republica, ciudadano HUGO CHÁVEZ FRÍAS, será juramentado para el ejercicio del cargo para el cual fue electo el pasado 7 de octubre de 2013, por cuanto ninguna información oficial concreta se ha dado en relación a las perspectivas en el tiempo de la recuperación del Presidente electo.

            La Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 2 del 9 de enero de 2013, en la que resolvió sobre la interpretación del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció sobre el juramento que: “… no puede ser entendido como una mera formalidad carente de sustrato y, por tanto, prescindible sin mayor consideración. El acto de juramentación, como solemnidad para el ejercicio de las delicadas funciones públicas es una tradición con amplio arraigo en nuestra historia republicana y procura la ratificación, frente a una autoridad constituida y de manera pública, del compromiso de velar por el recto acatamiento de la ley, en el cumplimiento de los deberes de los que ha sido investida una determinada persona.” (Negrillas y subrayado nuestro).

            Finalmente decide la Sala Constitucional resolver:

“La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación.” (Negrillas Nuestras).

Así las cosas, tomando en consideración que altos funcionarios nacionales del Gobierno han indicado que el ciudadano HUGO CHÁVEZ FRÍAS, se encuentra en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, quien incluso habría presidido Consejos de Ministros de acuerdo lo declarado por el Vicepresidente de la República (declaración que constituye un hecho público y comunicacional), solicitamos que con urgencia se convoque a sesión extraordinaria de la Sala Plena y, en acatamiento de la decisión del 9 de enero de 2013 de la Sala Constitucional, se designe una Junta Médica en los términos del encabezado del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los efectos de dejar constancia del cese de los motivos que imposibilitaron su juramentación ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2013, y proceder, en consecuencia, a su juramentación sino estuviere incapacitado ni física ni mentalmente.

La designación de una Junta Médica es impostergable por cuanto los venezolanos tenemos derecho a tener plena certidumbre sobre las condiciones de salud del ciudadano electo para ejercer el cargo de Presidente de la República, en razón de las altas responsabilidades de Estado y de Gobierno que dicho cargo implica, estando todos los venezolanos sujetos a las consecuencias que de las decisiones de éste se desprenden.

 Cabe en este punto traer a colación la máxima latina que reza: “Rationi congruit, ut succedat in onere, qui substituitur in honore” (es razonable que aquel que asciende a un cargo público asuma con ello la carga correspondiente). Sirva el adagio para argumentar que el derecho a la intimidad del Presidente de la República no constituye óbice para que se conozcan con precisión los detalles significativos, ciertos y precisos de la salud del Presidente electo, razón misma que la Constitución reconoce expresamente al establecer en su artículo 233 la institución de la Junta Médica como medio para determinar la incapacidad o no de la persona llamada a ejercer la Presidencia.

Téngase en cuenta además que Venezuela es una República democrática según la Constitución, lo que por definición excluye el secretismo en el ejercicio del poder. En tal sentido observemos que el artículo 141 constitucional establece como principios de la Administración Pública los de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

Respecto a este punto exponemos con las palabras de Taruffo:

“(…) la verdad es una condición necesaria para el ejercicio de las libertades que deben ser reconocidas a los ciudadanos: la falsificación o el ocultamiento de información constituye un límite grave al posible ejercicio de la libertad. Particularmente fuerte resulta, entonces, el argumento anti-tyranny según el cual es necesario que las acciones ilegítimas y erradas de quien ejerce el poder puedan ser descubiertas, lo que implica que las potenciales víctimas del tirano deben poder disponer de información verídica, para poder controlar la forma en que el poder es ejercido. Es evidente, entonces, que la preocupación por la verdad es un componente esencial de la democracia: para un Estado democrático siempre es incorrecto mentir a sus ciudadanos. Éstos, por otra parte, no estarán en condiciones de formarse opiniones correctas y de ejercer su derecho de crítica si están inmersos en un sistema basado en la mentira y el ocultamiento de la verdad. Por el contrario, parece claro que un sistema fundado en la verdad es democrático, en la medida que garantiza a los ciudadanos la libertad de tomar decisiones no expuestas a manipulación, sobre sus preferencias con respecto a todos los aspectos de la vida individual y social. Se sigue de esto que la propia subsistencia de los derechos fundamentales, que es esencial para un sistema democrático, se basa en una concepción objetiva de la verdad: si se tienen en alta estima los valores de la democracia es necesario tener también en estima la verdad” (Negrillas nuestras) (Taruffo, Michele: Simplemente la verdad. Madrid, Marcial Pons, 1ª edic., 2010, p. 112 y ss).

Constituye un hecho público y comunicacional que el ciudadano Ministro para las Relaciones Exteriores,ELÍAS JAUA, afirmó el día 22 de febrero de 2013 que, la deficiencia respiratoria que sufre el ciudadano HUGO CHÁVEZ FRÍAS "se ha incrementado"; información que ya previamente el Ministro de Comunicación e Información había dado.

Sin embargo, el Vicepresidente NICOLAS MADURO aseguró el 23 de febrero de 2013 que sostuvo una reunión de trabajo de poco más de 5 horas con el Presidente electo, en conjunto con otros miembros del Gobierno, creando incertidumbre así sobre la condición precisa y cierta de la salud del ciudadano HUGO CHÁVEZ FRÍAS, amén de lo perjudicial que sería para éste someterse a tal estrés con tan delicadas condiciones de salud en violación de sus propios derechos y en violación de los deberes de los miembros del Gobierno que dimanan de los principios de responsabilidad que los obligan a actuar como buenos padres de familia.

La designación de una Junta Médica posibilitará conocer con certeza la condición de salud del ciudadano electo para ejercer la Presidencia de la República, comunicando los detalles necesarios que posibiliten juzgar sobre la incapacidad o no del ciudadano HUGO CHÁVEZ FRÍAS.

Una vez reveladas las experticias que realizaren los miembros de la Junta Médica habría certeza sobre si el ciudadano HUGO CHÁVEZ FRÍAS está o no en pleno ejercicio de sus capacidades físicas y mentales, procediéndose así a la respectiva  juramentación pública o, en su defecto, habrá certidumbre sobre si deberán convocarse elecciones ante la falta absoluta del ciudadano electo para ejercer el cargo.

Para finalizar indicamos que, la certeza que dé la Junta Médica sobre la capacidad o no del Presidente electo, y en consecuencia, sobre la certeza respecto a si habrán o no nuevas elecciones, obrarían a favor del derecho a la igualdad, por cuanto, si la salud del ciudadano electo para el cargo de Presidente de la República fuere calificable por la Junta Médica como algún tipo de incapacidad física o mental se haría pública la necesidad de convocar a elecciones, estando todos los grupos políticos, a partir de tal momento, en igualdad de condiciones respecto al hecho mismo de la convocatoria de elecciones, siendo que hasta el momento sólo los militantes del partido de Gobierno conocen, con certeza, sobre la posibilidad o no de la celebración de tal evento.

Capítulo III

De la urgencia

La situación de incertidumbre que hemos expuesto en el presente escrito persiste desde el 10 de enero del año en curso, fecha en la cual debió ser juramentado el Presidente electo de conformidad con el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, no existen razones que justifican dilaciones respecto al deber insoslayable de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en designar una Junta Médica que certifique si el ciudadano HUGO CHÁVEZ FRÍASestá en capacidad de ejercer el cargo para el cual fue electo.

La seguridad jurídica es un derecho constitucional fundamental para el ejercicio de la libertad porque garantiza la certidumbre sobre lo que atenerse o esperar, y dicho valor se encuentra quebrantado ante la falta de certeza sobre la fecha cierta en la que será juramentado el Presidente electo.

La no estimación de la solicitud a la cual nos adherimos constituiría la “institucionalización de la incertidumbre”; corresponde a la Sala Plena de Tribunal Supremo de Justicia precisamente lo contrario: garantizar la institucionalidad.

No sería razonable demorar más en la designación de una Junta Médica ante los sensible y delicado de la situación en la que se encuentra el país: expectante de una certeza sobre el futuro político institucional de Venezuela, para lo cual se requiere se determine si el Presidente electo podrá o no asumir el cargo para el cual fue electo, determinándose así también si serán o no necesarias nuevas elecciones presidenciales.

Finalmente, pedimos tomar en consideración las declaraciones del Presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano DIOSDADO CABELLO, del día de ayer, 25 de febrero de 2013, en las señaló que: “Queda de parte del comandante cuándo se pueda juramentar, pero nosotros no estamos para nada apurados”.

Tales declaraciones son abiertamente contrarias a la normatividad constitucional que prevén la seguridad jurídica, el principio de legalidad e igualdad ante las leyes, no pudiendo estar sujetas las solemnidades constitucionales, y lo ordenado por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a las voluntades de un hombre, sujeto como todos a la Constitución según se desprende del artículo 7 constitucional. No queda en manos del Presidente de la República considerar cuando y bajo qué condiciones se juramenta, siendo que esta Sala Plena está en la obligación de determinar si está o no en capacidad de gobernar y proceder según corresponda.

Pedimos así expresamente que, de conformidad con el Reglamento que establece el funcionamiento de éste máximo órgano jurisdiccional, se convoque de inmediato a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a constituirse en Sala Plena, dada la urgencia que implica el desconocimiento de la situación de salud del Primer Mandatario Nacional, en cuyas manos está la dirección del Gobierno, del Estado y de la Fuerza Armada, para proveer en lo inmediato sobre lo solicitado.

Capítulo IV

Petitorio

En virtud de los razonamientos antes expuestos, acudimos ante esta Sala Plena, a los fines de que proceda urgentemente a DESIGNAR una “Junta Médica” que certifique sobre el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, ciudadano venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identiad N° 4.258.228, y si está en condiciones físicas y mentales permanentes de desempeñar el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como lo exige el artículo 233 de la Constitución. En caso que la Certificación Médica permita la juramentación, porque las condiciones físicas y mentales del Presidente le permitan el desempeño de sus funciones constitucionales, solicitamos que esa Sala Plena proceda A LA JURAMENTACIÓN PÚBLICA del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías lo antes posible, para asegurar la estabilidad institucional de la Nación y el cumplimiento efectivo de la Constitución.



Es Justicia que pedimos a los 26 días del mes de febrero de 2013.

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